Este Proyecto de Ley corresponde a la transposición de la Directiva Europea llamada “Directiva Whistleblowers†(Directiva UE 2019/1937) que protege a los denunciantes de corrupción y violación del derecho, tanto en el sector público como privado mediante canales protegidos y mediante la prohibición de cualquier represalia a las personas que informan o su entorno. Con esta ley, las empresas de más de 50 trabajadores estarán obligadas a disponer de un canal de denuncias. El Consejo de Ministros ha aprobado este Proyecto el 13 de septiembre pero aún no ha entrado en vigor.